Desde el Bloque de Concejales Justicialistas Concordia, queremos expresar nuestro rechazo al aumento del boleto de colectivos y a la derogación de la Ordenanza N° 38.326, que se aprobó por los bloques de JxC y LLA este jueves en el Concejo Deliberante.
Así como lo manifestamos en el HCD con nuestro voto negativo, queremos hacerlo públicamente a través de todos los medios, porque entendemos que los usuarios del transporte urbano, quienes en su mayoría son trabajadores, estudiantes y jubilados, entre otros, no deben ser la única variable de ajuste, y el municipio en conjunto con las empresas/cooperativas prestadoras del servicio deben encontrar un equilibrio compensatorio para el precio del boleto que pagan los vecinos y vecinas, que en su mayoría pertenecen a sectores más vulnerables y de menores ingresos.
A contramano de lo que venimos planteando de crear un fondo compensador que amortigüe el precio del boleto, parece que la única salida lograda por los bloques que aprobaron este aumento es el de trasladar los incrementos que impactan en el costo del servicio directamente a los usuarios, lo que se traduce en el aumento del boleto. Lamentamos que no se contemple seriamente la alternativa presentada por el Bloque Justicialista, la cual busca hasta que se estabilice la situación económica al menos, con fondos provenientes del municipio (según este disponga) compensar los aumentos, amortiguando el ajuste en el bolsillo de los concordienses.
Este proyecto del Fondo Compensador se comenzó a trabajar desde el primer aumento de boleto (vamos por el cuarto), cuando comenzamos a recibir solicitudes de comerciantes, estudiantes y distintos sectores, que nos pedían que busquemos la manera de evitar los aumentos al transporte público.
Los argumentos de que tenemos que acostumbrarnos a pagar los costos de los servicios tal cual son, son fáciles de decir para quienes llegan a fin de mes, o tienen saldadas sus necesidades básicas, pero lamentablemente la realidad de muchos es distinta. Este aumento va en contra de la justicia social, es un ajuste que va direccionado al pueblo trabajador y sectores más vulnerables, es una quita directa del salario a los que menos tienen, y no es sobre algo suntuario que se pueda optar por utilizar o no, los usuarios necesitan del transporte público para poder trasladarse. Es sabido que en muchísimos lugares del mundo el transporte público es altamente subsidiado y es porque contribuye positivamente en múltiples factores al desarrollo de las ciudades.
Y como bien se dice es un servicio público, por lo que es deber del estado intervenir en pos de que sea una herramienta pública positiva, no un perjuicio para complicar más llegar a fin de mes a los vecinos. Es necesario que el municipio no sólo sea un mero mediador y que si aumenta algún costo del servicio, se traslade directamente, sino gestionar y proponer alternativas, más aún ante la crítica situación económica que todos conocemos.
La salida no es seguir ajustando a las y los vecinos, sino encontrar soluciones que los ayuden a vivir mejor, no peor.
